Transparencia para el infantil

Editorial del ABC del pasado 15 de febrero.

CAMINO de las diez mil firmas necesarias para remitir el asunto al presidente de la Junta, y teniendo como objetivo ser una plataforma, la Asociación Pro Hospital del Niño y la Mujer de Córdoba se ha convertido en un perfecto ejemplo de cómo la ciudadanía percibe que la credibilidad de la administración es cada vez más cercana a cero, o directamente inexistente.

Como ha venido recordando ABC esta semana, en diciembre de 2006, la consejera de Salud, María Jesús Montero, acompañada de José Antonio Griñán, vicepresidente segundo de la Junta y, no lo olvidemos, parlamentario por Córdoba, presentó a bombo y platillo el «nuevo Hospital Reina Sofía», una suerte de refundación del prestigioso centro sanitario con tres proyectos estrella dentro del Plan de Modernización Integral (PMI) de la sanidad andaluza del que destacaba el nuevo hospital materno-infantil. La inversión pública: 110 millones de euros.

Dos años después, esta parte del PMI correspondiente a Córdoba ha variado sustancialmente. El materno-infantil no se realizará en el Reina Sofía, sino en el Hospital General. Su nueva tipología es tan confusa y genérica, que ni siquiera los máximos responsables, políticos y gestores administrativos, son capaces de detallar más allá de pedir confianza en sus palabras y promesas.

Sin embargo, los ciudadanos están cansados de actos de fe gratuitos. Máxime en la situación actual, cuando esta terrible crisis económica ha puesto al descubierto la inanidad de una clase política que, entre la ignorancia y la arrogancia, intenta explicar lo que no sabe, envolviendo además la respuesta en un desahogo injustificable.

Esta es la imagen que, una vez más, dio el jueves pasado la consejera de Salud en el Parlamento andaluz cuando fue interpelada por IU sobre este cambio del Materno-Infantil, que, en esencia, supone trasladarlo al antiguo Hospital General, previa reforma, sin que se sepa nada más, y que todo esto no es más que un «debate sin sentido».

El problema es que la modificación inesperada del PMI no ha sido explicada adecuadamente, como tampoco se ha detallado la alternativa, lo que provoca enormes dudas, totalmente razonables y con un tema tan sensible como la atención pediátrica. Hace falta la máxima transparencia sobre el cambio del proyecto y sobre el proyecto en sí. En otras circunstancias, bastaría con la garantía de los gestores públicos. Desgraciadamente, éste no es el caso.